En búsqueda de una gestión sostenible del agua en las Américas

Los países de América Latina deben generar reformas para garantizar un acceso universal a recursos hídricos de calidad, mejorar la gestión del agua y eliminar la contaminación de acuíferos.

||Autor Fotografía: Luis Deliz

Según proyecciones realizadas en el 2016 por la ONU, si en el año 2030 continúan los mismos patrones de consumo de agua, el mundo enfrentará un déficit de 40% en el abastecimiento de este recurso. Por ello, se requieren reformas integrales que garanticen una gestión sostenible del agua y la seguridad hídrica.

Las causas del problema son evidentes: incremento de la demanda del agua por el alto crecimiento demográfico y la intensificación de la agricultura y la actividad industrial, además de los cambios en el ecosistema por el cambio climático y la urbanización, deforestación, usos de pesticidas y fertilizantes, desvíos de ríos, entre otros.

La acción de los estados en este ámbito es tan urgente, que la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de la ONU incorporó, en su Objetivo N° 6, la meta de “garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Lo que la ONU busca específicamente de los estados es que, de aquí a 2030, se logre: 

  • Acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento
  • Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación y la eliminación del vertimiento de sustancias tóxicas
  • Aumentar el uso eficiente de este recurso 
  • Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua (bosques, montañas, humedales, ríos y lagos)
  • Incentivar la participación de la comunidad local en la gestión del recurso

América Latina: un continente rico en agua con grandes desafíos por delante

En  el caso de América Latina, los desafíos son garantizar un acceso universal al agua, mejorar la eficiencia de la gestión de este recurso, además de eliminar la contaminación de acuíferos. El problema del agua remite a un problema institucional y de gestión más que a un problema de cantidad ya que la región cuenta con abundantes reservas de agua: 30% del agua dulce del planeta para 6% de la población mundial. 

En Latinoamérica existen profundas desigualdades en el acceso al agua potable y al saneamiento: según datos del BID, 34 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 106 millones no cuentan con servicios de saneamiento básico. Asimismo, está pendiente el reconocimiento de los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre los recursos hídricos de sus comunidades locales, los que resultan básicos para su subsistencia. 

Por otra parte, existe un problema de gestión del agua, tanto en las ciudades que han crecido sin planificación urbana como en regiones. En las ciudades de América Latina se pierde el 30% del agua recolectada tratada para el uso doméstico. Por su parte, fuera de los grandes centros urbanos se necesita mucha agua para industrias basadas en exportación de recursos naturales, lo que por ejemplo sucede con la expansión de la minería en zonas áridas del norte de Chile.

Asimismo, la contaminación de los acuíferos constituye otro gran reto en el continente por la importancia de estas reservas subterráneas de agua y su fragilidad. La contaminación de aguas con metales pesados fue abordada los días 1 y 2 de septiembre pasados por la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), encabezada por el diputado Issa Kort

Nuevas Leyes de Agua en la región latinoamericana

En la última década, los gobiernos latinoamericanos han emprendido reformas en el sector de la gestión del agua, implementando nuevas leyes de agua, tal como ha sucedido en Venezuela (2007), Nicaragua (2007), Perú (2009), Honduras (2009),en la ciudad de Buenos Aires (2010) y Ecuador (2014). En ciertos casos estas iniciativas se enmarcan en procesos de reforma constitucional, como en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay. En estos tres últimos países se prohibió a nivel constitucional la privatización de los servicios de abastecimiento.

Las nuevas leyes en materia de aguas son heterogéneas y dependen del contexto específico de cada país pero se pueden desprender ciertas tendencias

  • Reconocimiento de las aguas como bien de dominio público
  • Consagración del derecho humano al agua, además de los derechos de las comunidades indígenas
  • Fortalecimiento de la participación de la ciudadanía
  • Definición de la cuenca hidrológica como unidad básica de gestión
  • Implementación de autoridades únicas de agua para superar los problemas de coordinación y la gestión fragmentada 
  • Énfasis en la preservación y conservación del recurso

A pesar de estas modernas legislaciones de agua, persisten profundos obstáculos hacia una gestión integral y sostenible del agua. Como lo resalta un informe de la CEPAL, estas leyes a menudo carecen de medidas concretas y de la voluntad política para la aplicación de estos nuevos principios. Asimismo, las autoridades a cargo de aplicar las normas cuentan con escasos recursos financieros, humanos y técnicos, no están suficientemente capacitadas y suelen carecer de mecanismos de control eficaces.

La gestión del agua en Chile

El modelo chileno de institucionalidad de las aguas, consagrado por el Código de Aguas (1981), considera las aguas como bienes nacionales de uso público y se caracteriza por un sistema de administración de los recursos hídricos mediante mercados de aguas que permiten la adquisición y  el libre traslado de los derechos privados de agua otorgados a perpetuidad.  

En los últimos años se observan avances en materia hídrica con respecto a las coberturas de servicio de agua potable y saneamiento, sin embargo aún persisten importantes desigualdades de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. La Reforma del Código de Aguas de 2005 instauró un caudal mínimo ecológico, pero aplicable exclusivamente a los nuevos derechos de agua, creando nuevas desigualdades.

Chile enfrenta varios desafíos en materia de recursos hídricos. El informe de “Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016” de la OCDE, señala que en nuestro país:

  • Persisten asignaciones excesivas y una extrema concentración de los derechos de agua
  • Existen casos de sobreexplotación y contaminación en varios acuíferos del país
  • Subsiste una falta de conocimiento de los recursos hidrológicos, exigencia básica para una gestión eficaz del agua
  • Se requiere mejorar la transparencia del registro público del agua. 

Asimismo, siguiendo la tendencia regional, han emergido en Chile un número creciente de conflictos de agua ligados al ámbito energético y ambiental, ya sean entre usuarios o conflictos políticos sobre el modelo de gestión de los derechos de agua. De esta manera, mejorar la capacidad institucional de dirimir los conflictos ligados al agua constituye un requisito fundamental para alcanzar una gestión sostenible y equitativa.

 

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