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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

La labor del Auditor General de Nueva Zelandia en la probidad y transparencia parlamentaria

27 julio 2015

Todas las entidades públicas del país deben emitir un informe financiero a este organismo, quien examina según el marco legal existente, para luego formular conclusiones que son anunciadas públicamente y donde se determina si hay, o no, cumplimiento de ley.

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A propósito del anuncio realizado por el Presidente del Senado, Patricio Walker, en la primera Cuenta Pública del Congreso realizada el 21 de julio de 2015, respecto a aprobar proyectos relacionados con el Principio de Probidad en la Función Pública, encontramos en Nueva Zelandia la figura del Auditor General, organismo independiente que pide rendición de cuentas a más de cuatro mil instituciones públicas y que dispone de un grupo parlamentario dedicado exclusivamente a hacer seguimiento de las actividades legislativas. A continuación expondremos más detalles de este organismo.

Auditoría a todo el sector público

De acuerdo a lo declarado por el Presidente del Senado, la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado se encuentra agilizando la aprobación de proyectos que regulan tales materias, enmarcándose en el Principio de Probidad en la Función Pública, cuyo objetivo es aumentar la cantidad de autoridades que estén obligadas a realizar declaraciones de intereses y patrimonio, además de regular los conflictos de interés, el fideicomiso ciego y la enajenación de activos.

En ese sentido encontramos que en Nueva Zelandia existe la figura del Auditor General, que es un organismo fiscalizador independiente de los poderes del Estado, cuyo trabajo principal es fiscalizar y transparentar las actividades de todas las entidades públicas del país, incluyendo el Parlamento, a quien además debe rendirle cuentas.

Son aproximadamente cuatro mil organismos públicos que deben rendir cuentas ante el Auditor General, entre las que se encuentran empresas estatales, institutos de investigación, instituciones de defensa, salud, organismos distritales, ayuntamientos, puertos, escuelas, universidades, entre otras. Por su parte, el auditor proporciona una perspectiva independiente sobre las representaciones y patrimonio de organizaciones o personas examinadas.

Para este organismo, la labor de auditoria se define como un examen, que luego sus resultados son comparados con el marco legal existente, además de un conjunto de criterios éticos predeterminados por el derecho consuetudinario neozelandés. Para ello el auditor debe recopilar pruebas que le permitan sustentar la comparación legal, emitir conclusiones y, por último, informar los resultados al Parlamento y la ciudadanía.

A modo de ejemplificar lo anterior, todas las entidades públicas del país deben emitir un informe financiero anual que el auditor examina en una primera instancia cotejando que lo declarado se ajuste al marco legal existente. Luego para corroborar lo anterior, el Auditor recopila evidencia a través de documentos contables que después le permiten formular conclusiones públicas declarando si hay cumplimiento o no en la declaración.

Esta facultad fue valorada por Alberto Precht, director ejecutivo de la Fundación Chile Transparente, para quien es importante que existan instituciones independientes que desde afuera puedan contribuir con la transparencia del Estado y a crear una cultura de probidad. “Además de auditar, las percepciones son muy importantes en las instituciones encargadas de la probidad y transparencia, porque no es necesario que debamos legislar para que un parlamentario no reciba un doble viático o dos veces una misma asignación, en este contexto el sentido común es importante”, señaló.

En relación a las características de este auditor, Precht añadió que es importante que estos organismos sean eficientes en materia de acceso a la información y que tengan un grado de autonomía constitucional más que solo legal. “En el caso específico de la rendición de cuentas es importante que este tipo de instituciones tengan autonomía, eso se logra incluyendo terceros absolutamente imparciales, o veedores ciudadanos a este proceso”.

Funcionamiento de fiscalización al Parlamento

Por ser Nueva Zelandia una democracia parlamentaria, el Auditor General cuenta con una importante oficina encargada de la actividad legislativa y todas sus entidades relacionadas como las comisiones de probidad y las oficinas relacionadas con la gestión el Gobernador.

Este grupo además de auditar a los parlamentarios, brinda asesoría permanente a todas las unidades de la institución y asiste técnicamente a áreas contables, tanto en sus actividades financieras como en la utilización de los presupuestos. Asimismo, participan en la planificación anual y hacen un seguimiento a sus actividades a través de personal que está especialmente capacitado para monitorear el trabajo legislativo.

Otra de las facultades de esta autoridad es auditar los estados financieros de los parlamentarios, asesores y funcionarios. Esta función se realiza en conjunto con la Oficina del Secretario de la Cámara de Representantes, que es la primera instancia en recibir las declaraciones y con quien se elaboran informes anuales donde se da cuenta de la situación presupuestaria de los legisladores.

Para director ejecutivo de la Fundación Chile Transparente, el trabajo con el Congreso es fundamental, pues tienen un papel importante en la fiscalización y la creación de las reglas de juego, ya que el parlamentario tiene un rol importante en la ética de lo legal y de lo correcto, que permite la interacción con otros órganos del Estado.

“El parlamentario es una persona visible, es la más importante de los poderes del Estado donde debería estar el pueblo representado en la toma de decisiones, por lo cual no solo debe cumplir la ley sino esta más allá de ella, porque cuando un legislador falla, generalmente falla la fe pública que fue depositada sobre esa persona”, expresó.

Situación de probidad y transparencia en el Legislativo chileno

Según el experto, la situación de probidad y transparencia en el Congreso ha mejorado en los últimos años. “El Parlamento ha avanzado, antes se vivía en la oscuridad absoluta. Hemos avanzado en como se asignan los gastos para asesores y viajes, pero falta aún. Además cabe la pregunta ¿Es necesario que debamos cambiar la Constitución para que los parlamentarios tengan solamente exclusividad al rol parlamentario? En ese sentido caemos en una trampa porque si no está en la ley decimos “esto se permite” y no nos preocupamos de eso”, afirmó.

En cuanto a la transparencia del parlamentario en su labor legislativa, Precht agregó que se debe seguir avanzando. “Si se ven los datos estadísticos de Chile, en general somos un país probo con excepciones importantes y que son las que vemos en estos días. Claramente hay cosas que van mucho más allá de lo legal, por eso se necesitan medidas coherentes entre lo que se le solicita a unos órganos del Estado y lo que solicita por parte del Congreso. Desde Chile Transparente hemos visto que las declaraciones de patrimonio del Senado y la Cámara tienen menos contenido y algunas cifras incompletas. O si vemos el cumplimiento a la ley del Lobby, en el Ejecutivo la rendición de cuentas es mucho más completa que la del Legislativo. Claramente el Legislativo, teniendo bajos niveles de confianza, debe revertir estas percepción ahora y no cuando sea demasiado tarde”, detalló.

En relación a la actividad legislativa, anunciada por el Presidente del Senado, que va en dirección de aumentar la probidad y transparencia en las instituciones públicas de nuestro país, Precht expresó su optimismo respecto a las leyes que se van a aprobar, sin embargo aclaró que deben acoplarse a los tratados internacionales.

“Si bien el principio de probidad en la función pública ya está establecido en el artículo 8º, lo que nos parece relevante es que más que un principio, se consagre el acceso a la información como un derecho, tal como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos momentos existe un proyecto de ley que está avanzado, aprobado por ambas Cámaras y actualmente está en comisión mixta que permitiría aquello. Es muy importante que esto vaya acompañado de la aprobación de la Probidad en la Función Pública que va a hacer que sean más las autoridades que deban declarar su patrimonio de interés y además que da publicidad a estas declaraciones de interés, porque no sirven si son secretas”, expresó.


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