El rol de defensor de menores del Comisionado de los Niños de Nueva Zelandia

Desde el año 1990 que los niños y jóvenes neozelandeses cuentan con una institución que los protege y promueve sus derechos desde el Estado, este es el Comisionado de los Niños, que defiende a los menores de edad sin distinciones de origen, religión o grupo étnico. Si bien este organismo funciona bajo una ley nacional, mantiene un vínculo estrecho con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que aporta estudios y soporte técnico. Más información sobre esta experiencia en la siguiente nota.

Un Ombudsman para los niños

El Comisionado de los Niños de Nueva Zelandia, también conocido como el Ombudsman de los niños, es una autoridad pública cuya misión principal es la protección de los derechos. Ya sea mediante resguardos legales, o a través de campañas para la toma de consciencia. Este comisionado tiene un grado de independencia del gobierno central, pero bajo el amparo de las organizaciones encargadas de promover los derechos humanos de Naciones Unidas.

Este organismo trabaja por proyectos de largo plazo con autoridades locales y nacionales, poniendo énfasis especial en las escuelas. Sin embargo tiene una amplia capacidad operativa para responder a demandas ciudadanas individuales, pudiendo conceder entrevistas a personas y dirigiendo investigaciones con los órganos judiciales.

Para Lorena Montt, asistente social e investigadora en temas de niñez, el Ombudsman de los Niños en Nueva Zelandia, como el de todos los países que cuentan con uno, es el principal guardián de los intereses y derechos de los niños y jóvenes. No obstante, su capacidad de acción no solo es dada por su relación con Naciones Unidas, sino por los Parlamentos nacionales.

“El poder de un comisionado de esta envergadura debe estar acompañado por una base legal que le permita coordinarse con los ministerios y actuar en conjunto con las policías y el Poder Judicial cuando sea necesario, si no su marco de acción es muy estrecho. Esto lo han comprendido países como Nueva Zelandia, Canadá, incluso Costa Rica en América Latina”, señaló.

Capacidad para involucrarse en las políticas públicas

El Comisionado de los Niños en Nueva Zelandia tiene entre sus principales ventajas, que es constantemente apoyado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esta relación le entrega toda una experiencia práctica acumulada durante más de dos décadas en países de la Unión Europea sobre derechos de los niños, lo que se traduce en soporte técnico a la hora de crear y evaluar políticas públicas.

De esta manera el Comisionado ha venido interviniendo en todos los temas relacionados con los niños, como el respeto de la integridad física y psicológica a quienes sufren de autismo, o el control de las madres para evitar los efectos nocivos del alcohol durante la formación del feto, violencia intrafamiliar, atención pediátrica gratuita, alimentación saludable, entre otros asuntos que protegen a los menores de edad frente a las infracciones, descuidos y atropellos de personas adultas.

Todas las iniciativas de este organismo pueden operacionalizarse gracias al Comisionado de Ley de 2003, que faculta a esta institución a actuar con tres funciones:

Estas características fueron valoradas por la investigadora, para quien es importante que los problemas que sufren los menores de edad sean resueltos con eficacia. “Día a día vemos como hay niños y jóvenes maltratados o abandonados sin importar su integridad, por eso es bueno que además de la presencia de UNICEF -que solo puede hacer recomendaciones- haya una contraparte nacional que supervise la gestión de los gobiernos”, afirmó.

Un Ombudsman del niño en Chile

Chile ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, marcando un hito en la instauración de tales derechos en las políticas públicas orientadas a los menores de edad. Esta Convención logró que los niños y niñas sean sujetos de derecho, reemplazando la noción de incapacidad jurídica.

Ahora bien, la protección de la infancia es una prioridad, pues nuestro país suscribió la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas el año 2000 y ratificada el 2005, cuando se acordó combatir todas las formas de violencia, donde los niños ocupan un lugar especial por la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF el 2006.

Actualmente contamos con el Consejo Nacional de la Infancia, que es un órgano asesor presidencial cuya labor es coordinar los esfuerzos de todos los organismos públicos y entregar información a los tomadores de decisiones cuando lo requieran.

Para Montt, un Comisionado como el de Nueva Zelandia en nuestro país puede ser de gran ayuda, aunque relativizó su nivel de autoridad. “Es importante que una institución de estas características no sea la única en resguardar los derechos de los niños”, afirmó.

Respecto a qué características debería tener una institución similar en la realidad chilena, detalló que debería ser un organismo empoderado. “Es una autoridad moral, por lo tanto debe contar con el reconocimiento de todos los sectores políticos y económicos, pero más que eso debe tener el apoyo irrestricto del Parlamento, pues requiere de un liderazgo legítimo y consensuado”, sostuvo.