Nueva Zelandia protege la privacidad de sus ciudadanos mediante capacitación a innovadores tecnológicos

El Comisionado de Privacidad de Nueva Zelandia es el único organismo público que se encarga de proteger los datos personales de los ciudadanos en el país oceánico. Luego de 23 años de funcionamiento, las tareas de esta institución no solamente se centran en la aplicación de la Ley de Privacidad, sino de adaptarse a los nuevos desafíos que impone la innovación y el desarrollo tecnológico. Una revisión de este organismo y algunas de sus tareas más importantes, a continuación.

La protección de datos es una tarea institucional que se realiza de forma permanente

Históricamente Nueva Zelandia ha sido una nación de mercaderes, eso ha venido de la mano con un flujo libre de información desde y hacia dicho país, condición básica para incentivar el crecimiento económico. Esta libertad de flujos ha sido una ventaja aprovechada por empresarios y comerciantes de todo el mundo, sin embargo el gobierno neozelandés a partir de 1993 comenzó a distinguir formalmente entre los datos personales y los que no lo son.

Según la jurista y académica Anneliese Roos, en un artículo publicado el 2008 sobre las lecciones de la protección de datos personales en Nueva Zelandia, la diferenciación entre aquella información que puede ser utilizada públicamente y aquella que no, se produce principalmente para proveer los resguardos institucionales que necesita. Asimismo, Roos señala en su documento que la Comisión Neozelandesa de la Ley fue la primera institución en impulsar la necesidad de legislar sobre este asunto, sin embargo en la actualidad es la Oficina del Comisionado de Privacidad quien se encarga de proteger la información privada de los ciudadanos.

Bajo la consigna de que “la protección de datos más que necesitarla, debe ser ejecutada de forma eficiente y efectiva” se promulgó la Ley de Privacidad de 1993, cuerpo que contiene no solo los principios básicos y las formas para resguardar los datos personales, sino también la creación y funciones del Comisionado como agencia pública de auditoría, educación y fiscalización, entre otras. La versatilidad de sus funciones le ha permitido ir junto a los avances tecnológicos, al punto que hoy tienen un área dedicada exclusivamente a los datos digitales

Sin embargo, entre las principales áreas de trabajo de este organismo está la investigación de casos donde se ha violado la privacidad que luego sirven de evidencia en las cortes de justicia. Asimismo, el Comisionado desarrolla códigos de conducta para la industria y sectores específicos como los relacionados con la tecnología y las comunicaciones. Adicionalmente, se encarga de examinar las nuevas legislaciones en función de proteger los datos de las personas.

El impacto de la tecnología en la privacidad

”Sin una idea clara de nuestras prioridades y qué es lo que queremos lograr, nos impulsa solo a responder en vez de ser proactivo”. Este es uno de los principios que motiva el área de nuevas tecnologías, impulsada el año 2014 por el comisionado John Edwards. Esta oficina nació con el propósito de trabajar con innovadores que desarrollan tecnologías y que tienen su información en nubes o carpetas compartidas. La forma como trabaja esta oficina no es solo mediante la solución y respuesta a problemas específicos, sino a través de una labor de orientación constante, tanto a individuos como organizaciones, con el fin de establecer un marco de trabajo que tenga siempre presente la privacidad y el buen uso de los datos personales de todos los ciudadanos.

Según el documento oficial de presentación de esta oficina tecnológica, su misión es atraer al sector privado para que se involucre voluntariamente en la protección de datos. Este incentivo, en cambio, no necesita ser cursado a las instituciones de gobierno que tienen por obligación realizar consultas sobre los proyectos que realizan. De esta manera, bajo el lema de “mejorar las prácticas del sector privado” el Comisionado invita a emprendedores y compañías que desarrollan la inversión para que se involucren en la incorporación de valores de privacidad en sus productos y modelos de negocio.

Para lograr lo anterior, la Oficina del Comisionado de la Privacidad de Nueva Zelandia se propone seis tareas prioritarias:

1. - Trabajo en conjunto con líderes de organismos representativos del sector privado
2. - Equipar de mejor manera a las agencias que se relacionan con privados para reducir el riesgo de violaciones de datos
3. - Establecer un compromiso e influir en los proveedores de servicios globales para permitir la privacidad
4. - Utilizar constantemente las herramientas de regulación para incrementar una privacidad madura en el sector privado
5. - Transformar las malas prácticas de privacidad tecnológica en las agencias públicas en buenas
6. - Que esas agencias utilicen los recursos del comisionado al implementar las nuevas tecnologías.

Tales tareas se desarrollan en talleres, seminarios y jornadas de alfabetización tecnológica, las cuales en la medida de su desarrollo han demostrado la necesidad por parte de los emprendedores de aprender sobre la privacidad y uso de los datos personales desde un nivel básico.

La protección de los datos personales en la realidad chilena a futuro

Si bien en el Congreso existen varios proyectos de ley -el último fue ingresado en marzo de 2015 con el fin de que la Constitución asegure la autodeterminación informática- la normativa vigente corresponde a la Ley Nº 19.628 sobre el derecho a la privacidad.

Sobre esta posibilidad consultamos a Cristian Ocaña, presidente del Consejo de Computación e Informática del Colegio de Ingenieros de Chile. Ante la posibilidad de que un Comisionado de la Privacidad como el existente en Nueva Zelandia pudiera respaldar institucionalmente la aplicación de una ley de protección de datos, respondió que podría ser una alternativa positiva para nuestro país.

“Una institución que funciona de esta manera demuestra madurez y que trasciende en relación con sus procesos internos. Nueva Zelandia tiene necesidades propias y su ciudadanía demanda altos niveles de privacidad, por eso esta institución tiene la importancia que tiene. Ellos se preguntaron qué es lo que necesitamos y para qué lo queremos, porque no es cosa de adoptar las últimas prácticas porque sí, o por una necesidad tecnócrata, siempre este tipo de decisiones tiene un costo”, afirmó.

En relación a la pregunta que cada país debe responderse a la hora de querer instaurar una institución de estas características, Ocaña agregó que en Chile este es un ejercicio que podría hacerse de mejor manera. “Si no tenemos claro el propósito, es algo que nos puede salir caro e inservible como la ley actual. Por ejemplo, podría ser con el propósito de hacer votar a todos los chilenos en el extranjero, pero que además de proteger sus datos electorales sirva para simplificar procesos, y no hagan venir a Chile a personas que viven en el extranjero para hacer un trámite que perfectamente se puede hacer en línea, y que a esto se sume la posibilidad de integrar a los chilenos que viven afuera para que aporten con sus redes, porque están mejor conectados que los que están acá, con acceso a más inversionistas, posibilidades de negocios, etc. Ese recurso necesita ser integrado y hoy no los estamos protegiendo, entonces se trata de una decisión más sofisticada, de avanzada y con altura de miras, pero que a su vez sea transversal, ya que nos debe beneficiar a todos y no solo de un grupo de empresarios o políticos determinados. La decisión debiera ser lo más holística posible, con más beneficios comunes”, sostuvo.