Diputada Cristina Girardi comentó decisión de Australia de quitar beneficios a quienes no se vacunen

A partir del primero de enero de 2016 comenzará a regir la decisión tomada por Tony Abbot, primer ministro de Australia -cuya finalidad es detener las acciones del movimiento anti vacunación de ese país- que consiste en no brindarle ayuda económica por parte del gobierno a quienes se nieguen a vacunar a sus hijos. Esta ayuda, consistente en 15 mil dólares australianos se orienta a cubrir asuntos de salud, guardería, educación y alimentación. Para el Primer Ministro australiano, la ley se reduce a la acción “sin vacuna, no hay pago”, cuyo fin es mantener a los niños y familias protegidos.

El movimiento anti vacunación, llamado oficialmente Red Australiana de Escépticos de la Vacunación se formó en 1994 como un grupo de presión en Nueva Gales del Sur con el objetivo de demostrar que las vacunas producen peligros en los niños por tener una gran cantidad de ingredientes tóxicos que no pueden tener lugar en el cuerpo humano. Este grupo argumenta que estas toxinas pueden ocasionar autismo y trastorno por déficit atencional.

“Sin vacuna no hay pago”

Esta creencia ha llevado a que en la actualidad más de 39 mil niños menores de siete años en Australia no estén vacunados debido a que sus padres son objetores, aludiendo motivos personales, filosóficos o religiosos. La postura del Ministerio de Servicios Sociales de Australia –organismo público encargado del suministro de la vacuna- respecto a la política de “sin vacuna, no hay pago” ha sido de apoyo, pues según su títular Scott Morrison, estos beneficios sociales no deberían estar sostenidas por los contribuyentes.

“Este es un tema que hemos venido planteando desde hace tiempo, si el Estado tiene la responsabilidad de vacunar a la población a través de sus políticas públicas, también tiene la obligación de asegurar que esas vacunas no van a producirles daño, es decir, que son vacunas seguras. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad en las vacunas y hoy, además, tiene que haber un principio precautorio. Esa obligación la tiene el Estado, pero una vez que da seguridad, recién ahí el Estado puede obligar”, afirmó la diputada Cristina Girardi, miembro de la Comisión Salud de la Cámara Baja.

De esta forma, la parlamentaria hace una salvedad a la hora de respaldar esta iniciativa en Australia, agregando que cuando el Estado está seguro que no va a provocar daño, los programas de vacunación tienen sentido, sumado a su carácter masivo y no parcial. “Tienen que efectivamente lograr erradicar enfermedades y evitar que reaparezcan una vez que se han erradicado. Solo el Estado puede hacer eso cuando tiene toda la seguridad que la vacuna que está poniendo no tiene efectos colaterales”, sostuvo.

Situación de obligatoriedad en nuestro país

Desde 1978 que nuestro país cuenta con un amplio programa de inmunizaciones dirigidos a recién nacidos y niños de la primera infancia, la cobertura de estas vacunas supera el 95%, sin embargo, según cifras del Ministerio de Salud, ha habido un aumento en el número de madres que deciden no vacunar a sus hijos.

En el artículo 32 del Código Sanitario, se establece que el Servicio Nacional de Salud es el organismo que vacuna contra las enfermedades transmisibles y que el Presidente puede declarar su obligatoriedad, estableciendo procedimientos eficaces de inmunización. Los padres que se niegan a que sus hijos sean vacunados se remiten a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, donde se expresa que se pueden negar a recibir tratamientos médicos determinados, o consentir para su ejecución.

“Es muy difícil que el Estado pueda asegurar que con las vacunas no van producirse otras enfermedades, eso sucede en Australia y aquí en Chile, entonces como la gente quiere protegerse, una mamá no va a dejar de vacunar a su hijo si sospecha que produce un riesgo. El Estado debe garantizar que haya un consentimiento informado, en Chile a ninguna mamá se le dice que tal vacuna puede generar tales o cuales efectos”, señaló la diputada.

En cuanto a la presencia de timerosal– que es el caso más frecuente entre quienes se niegan a las vacunas- la parlamentaria recalcó que el Estado chileno está obligado a retirarlo de las vacunas, afirmando que no puede ser opcional. “En nuestro país la vacuna contra la influenza tiene una buena cantidad de timerosal, mucho más que las vacunas de los programas de vacunación infantil, porque las que no tienen timerosal son las que tiene el Programa de Vacunación Infantil, que son las de los dos, cuatro, seis y 18 meses, son las pentavalentes que según la última información que tuvimos habían comprado una cantidad con 1 microgramo de timerosal y luego de 9 microgramos, pero como esto no es ley, no sabemos si la siguiente compra va a tener 1 o 25 microgramos -que era lo que tenían las vacunas cuando comenzamos el proyecto- esto está muy por sobre la norma”, aseguró.

Finalmente, la congresista se refirió al hecho de que exista una norma para limitar las cantidades de timerosal en las vacuna. “Hay norma porque es peligroso. Cuando se dijo que el timerosal era inocuo, se faltó a la verdad, porque si hay una norma no es inocuo”, sentenció.