Igualdad de género en Vietnam: De una estrategia nacional a un modelo global

La igualdad de género es el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de Naciones Unidas. Si bien a nivel internacional se han firmado importantes convenciones internacionales para proteger y asegurar los plenos derechos de las mujeres, persisten casos de violencia física y psicológica, donde los medios de comunicación, la publicidad y instituciones de gobierno son parte del problema. A continuación expondremos algunos de los conceptos que dan cuenta de esta realidad, además de una revisión de los casos de Vietnam y Chile.

La década de progreso en igualdad de género en Vietnam

A comienzos del siglo XXI, Vietnam no era un país donde se reconocieran los derechos planteados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Tanto gobierno como sociedad civil veían este tipo de acuerdos como algo que quedaba en el papel sin que se lleve a la práctica.

Sin embargo, el año 2006 el país promulgó una Ley de Igualdad de Género, cuerpo legal que estableció que los hechos de violencia contra la mujer son un asunto público, por lo tanto debían ser un tema permanente en la agenda de los gobiernos. De esta manera, se estableció como primera medida la creación de campañas para concientizar a la población sobre las formas de violencia más comunes para la mujer, así como también las penas efectivas que contempla la ley.

Asimismo, se tomaron medidas alusivas para estimular el empleo, como políticas fiscales preferenciales para empresas que contraten a grandes cantidades de mujeres. A esto se suma el fomento a los bancos nacionales para que incentiven la apertura de cuentas de ahorro a mujeres con trabajos independientes.

Estas medidas, lograron que Vietnam mejore su puntuación en el índice de la brecha de género, del Foro Económico Mundial, pasando del lugar 42 en 2007 al 83 en el 2015. Sin embargo, este éxito no solo se debe a la existencia de una ley, sino a que el año 2011 el gobierno impulsó una Estrategia Nacional para la Igualdad de Género, cuyo primer horizonte de aplicación fue el año 2015.

La estrategia puso en práctica los principios acordados en el CEDAW, dentro de los que se encuentra el logro de una proporción equitativa de mujeres en el Parlamento –al menos 35 por ciento de los curules deben ser ocupados por mujeres- y la elección de más mujeres en puestos de toma de decisiones, principalmente al interior de los partidos. Como parte del resultado de estas medidas, la parlamentaria Nguyen Thi Kim Ngan fue escogida como la primera presidenta de la Asamblea Nacional.

El trabajo de incorporar los principios de la CEDAW en la Constitución de Vietnam no solo se realizó a través de la voluntad política de los legisladores, sino que contó con el apoyo técnico de ONU Mujer, quienes han visto en el país asiático un modelo para continuar con el proceso de concientización y desarrollo de políticas para la igualdad de género.

Parte de este interés se materializa en el programa Mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sustentable: Vietnam hacia el 2030 cuyo propósito es darle continuidad a la estrategia nacional. De esta manera, el gobierno con el apoyo de Naciones Unidas trabajan en el fortalecimiento de las instituciones para una mayor igualdad.

Medidas que van en sintonía con las convenciones internacionales

En este lado de la Cuenca del Pacífico, cerca de 100 mil personas formaron parte de una de las movilizaciones más simbólicas realizadas durante 2016 en nuestro país. Se trata de la marcha #Niunamenos, cuya trascendencia no solo se debe a la alta convocatoria de mujeres y hombres, sino al hecho de que los femicidios siguen produciéndose pese a las leyes. Durante dichas movilizaciones, la ciudadanía fue capaz de articular un complejo discurso: la mujer necesita mejores leyes y políticas públicas para protegerlas, pero también educar a la sociedad en igualdad de derechos.

Con claros mensajes alusivos a las injusticias y el maltrato sistemático de una sociedad machista, miles de hombres y mujeres se revelaron ante la violación constante de un derecho tan básico como caminar sin miedo por las calles. Fueron parte del discurso que se repitió en países como México, Uruguay y Argentina. En este último país fue donde se produjo el femicidio de Chiara Páez en la ciudad de Rosario, hecho que gatilló toda esta ola de concentraciones espontáneas.

Sin embargo, tales manifestaciones no solo dieron cuenta de un flagelo constante como es la cultura machista en nuestras sociedades, sino también en la falta de respuesta por parte de nuestra institucionalidad y sus políticas públicas. Si bien en 1994 se firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -fue ratificada en 1996 en el Congreso- este primer instrumento internacional contra la violencia a las mujeres permitió que este problema se enfoque solo en algunos casos, principalmente de violencia doméstica o intrafamiliar.

En un artículo, publicado en noviembre de 2016 por la abogada argentina Natalia Gherardi para la Cepal, se señala que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, por más que hayan creado nuevos espacios de debate sobre la igualdad de género, además de mejores condiciones para la denuncia de agresiones, en los últimos años la preocupación no solo se centra en eliminar la violencia en contra de las mujeres, sino que ha trascendido a otras demandas políticas que se encuentran expresadas en la agenda de Naciones Unidas –a través de ONU Mujer- de la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos multilaterales.

Esta preocupación por la igualdad de género no sólo se da por un aumento en las cifras de violencia en contra de la mujer, sino por los alarmantes niveles de la violencia más extrema, el femicidio. Según la mencionada convención interamericana –conocida también como Convención de Belém do Pará- la violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado”, señala.

Asimismo, dicho instrumento entiende que la violencia contra la mujer no solo incluye su expresión sexual o física, sino también psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o en la comunidad a través de actos de violación, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual, entre otras. Más aún, este instrumento amplía a que “sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”, sostiene.

Objetivación de la mujer a través de los medios y la publicidad

Los medios de comunicación no solo divulgan lo que sucede en la realidad, sino que también contribuyen a construirla. Esto se logra a través de una formación subjetiva de imágenes de representación, que son las que a la postre, determinan la cultura y el discurso, por ende también condicionan la socialización. Según Natalia Gherardi, es necesaria la incorporación de un enfoque de derechos en las coberturas periodísticas que contribuya a un discurso público mejor informado y anclado en el paradigma de los derechos humanos.

Esta idea concuerda con una de las estrategias desarrolladas en la agenda internacional de desarrollo con equidad de género, propuesta en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995), cuyo objetivo es eliminar las formas de objetivación de la mujer en la publicidad y cualquier forma de comunicación social. “Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión”, expresa el objetivo estratégico 2 de la Plataforma de Acción de Beijing.

El hecho de que las mujeres están siendo utilizadas como una imagen estereotipada en la publicidad, ha sido ampliamente abordado por Monika Gulati de la Universidad de Dehli, quien en un trabajo publicado en 2014 sostiene que los medios de comunicación y la publicidad han jugado un rol importante en la influencia y transmisión de valores sociales, donde el retrato del cuerpo femenino ha sido utilizado durante décadas para llamar la atención en las personas.

Tanto en el reporte anual de 2011 de la International Women’s Media Foundation, como en el Foro Mundial sobre Género y Medios, realizado el mismo año en Bangkon, Tailandia, determinaron que la reproducción de imágenes estereotipadas y degradantes de las mujeres ha contribuido a crear un terreno fértil para el ejercicio de la violencia física.

Igualdad de género en Chile

Si bien nuestro país ha avanzado en cuanto a la creación de normas e instituciones que protegen y promueven la igualdad de género, para Javiera Arce, secretaria ejecutiva de la unidad de igualdad y diversidad de la Universidad de Valparaíso, Chile ha llegado a este tipo de avances con atraso. “Esto se debe a un retraso producido por la dictadura que nos tuvo aislados durante mucho tiempo. Eso significó que nos demoráramos casi una década en suscribir acuerdos como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es como un acuerdo marco”, señaló.

En relación a la creación del Ministerio de la Mujer, la politóloga afirmó que este es un logro de la acción colectiva de la sociedad civil, pero que todavía falta avanzar en representatividad. “Hay un patrón errático que tiene que ver con la representación política, eso es lo más preocupante porque Chile, si bien como en todos los contextos mundiales, la mujer son más que los hombres en cantidad de habitantes, poseen muy bajos porcentajes de representación política. Las cuotas fueron aprobadas por Argentina el año 91, mientras que aquí en Chile el 2015, por lo tanto tenemos un atraso considerable incluso en relación con los países árabes. Por una parte hemos avanzado sustantivamente, pero por otro lado hay ciertas cosas que tienen que ver con el derecho o el poder de decidir sobre nosotros mismos y el acceso al poder político”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de crear una estrategia nacional como la que existió en Vietnam para implementar los acuerdos internacionales en equidad de género, Javiera Arce valoró esta iniciativa, ya que un plan nacional congregaría a los actores políticos más importantes. “El Sernam ha impulsado los llamados Planes de Igualdad de Oportunidades que iban en esa línea, de hecho se comenzaron a diseñar en los años 90 para respaldar a las políticas públicas, sin embargo esto no fue suficiente y hoy necesitaríamos de un plan más complejo para mejorar la representación en los espacios de poder”, agregó.