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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario
India busca aumentar cupos en el sector público para personas con discapacidad
23 abril 2015
Pasar del actual 3% a un 5% en la reserva de cupos para personas con discapacidad es uno de los principales propósitos de la Rights of Persons with Disabilities Bill que se encuentra en discusión en la Rajya Sabha de la India.
Un gran paso en materia de inclusión laboral pretende dar India de la mano de un proyecto de ley que busca aumentar el número de personas con discapacidad en cargos públicos, fijando además altas penas y multas para quienes contravengan la normativa.
Profundos cambios en un corto plazo
Desde que India suscribió el 2007 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la sociedad civil ha exigido una serie de mejoras en este ámbito por medio de la presión de diversas ONG y de la publicación de estudios que señalan que la cifra de personas en esta situación supera ampliamente los 40 millones.
El primer hecho de relevancia ocurrió en 2013, luego que la Corte Suprema ordenara garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos con discapacidad en empleos del gobierno. El tribunal exigió poner en práctica en un plazo de tres meses una ley de 1995 (Persons with Disabilities Act - PDW) que ya exigía la reserva del 3% en los trabajos del sector público para las personas en situación de discapacidad y que no se estaba aplicando.
El fallo señaló también que la reserva de puestos para personas con discapacidad física debía acatarse en todas las categorías de puestos del sector público; es decir en el Grupo A (servicios públicos), B (jefes de departamentos), C (empleados) y D (auxiliares). Además, se estableció que la cuota del 3% también aplicaba para los ascensos.
El gobierno indio no solo se disculpó públicamente y dispuso la inmediata ejecución de la orden del tribunal, sino que además decidió que era necesario ampliar los cupos al 5%, teniendo como base estudios -incluyendo un informe del Banco Mundial- que proyectan que la población de personas con discapacidad en la India alcanzaría el 8%
El primer hecho de relevancia ocurrió en 2013, luego que la Corte Suprema ordenara garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos con discapacidad en empleos del gobierno. El tribunal exigió poner en práctica en un plazo de tres meses una ley de 1995 (Persons with Disabilities Act - PDW) que ya exigía la reserva del 3% en los trabajos del sector público para las personas en situación de discapacidad y que no se estaba aplicando.
El fallo señaló también que la reserva de puestos para personas con discapacidad física debía acatarse en todas las categorías de puestos del sector público; es decir en el Grupo A (servicios públicos), B (jefes de departamentos), C (empleados) y D (auxiliares). Además, se estableció que la cuota del 3% también aplicaba para los ascensos.
El gobierno indio no solo se disculpó públicamente y dispuso la inmediata ejecución de la orden del tribunal, sino que además decidió que era necesario ampliar los cupos al 5%, teniendo como base estudios -incluyendo un informe del Banco Mundial- que proyectan que la población de personas con discapacidad en la India alcanzaría el 8%
El desglose
Al 2015, la reserva para personas con discapacidad es del 3% en la proporción de un 1% con discapacidad física, un 1% de discapacidad visual y un 1% con discapacidad auditiva. La nueva normativa, de ser aprobada, extenderá la cuota la cuota al 5%, sumando un 1% de cupos a personas con discapacidad mental y un 1% con discapacidades múltiples.
Según la sección 33 de la actual PDW todo cupo debe ser llenado por medio de la contratación directa, disposición que busca ser resguardada en el nuevo proyecto que estipula medidas punitivas estrictas en caso de que cualquier funcionario viole las disposiciones. ¿Las penas? Podría enfrentar desde seis meses a cinco años de prisión y una multa de 10.000 rupias (100.000 pesos chilenos) a cinco lakh (5 millones de pesos chilenos).
El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento de la India y también incluye la creación de una Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, que tendrá facultades legales, y el establecimiento de un Fondo Nacional para la Discapacidad.
Según la sección 33 de la actual PDW todo cupo debe ser llenado por medio de la contratación directa, disposición que busca ser resguardada en el nuevo proyecto que estipula medidas punitivas estrictas en caso de que cualquier funcionario viole las disposiciones. ¿Las penas? Podría enfrentar desde seis meses a cinco años de prisión y una multa de 10.000 rupias (100.000 pesos chilenos) a cinco lakh (5 millones de pesos chilenos).
El proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento de la India y también incluye la creación de una Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad, que tendrá facultades legales, y el establecimiento de un Fondo Nacional para la Discapacidad.
¿Y en Chile?
El Congreso Nacional acaba de aprobar por unanimidad dos iniciativas en este sentido, una originada en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, quedando ambos textos legales con plazo para presentar indicaciones hasta el 11 de mayo de 2015.
El proyecto correspondiente a la Cámara Alta -que se encuentra en segundo trámite constitucional y que es un refundido de los boletines 7025-31 y 7855-13- fue especialmente respaldado en Sala por los senadores Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, Carolina Goic e Iván Moreira.
"En Chile tenemos una cultura muy resistente en el sentido de darnos cuenta del potencial de las personas que tiene algún tipo de discapacidad y la idea es que no tengamos que necesitar del dictamen de un tribunal, como ocurrió en India, para incluir laboralmente a quienes se encuentran en esta situación. Por esto en el Senado planteamos una reforma al Código del Trabajo para establecer que las unidades laborales del sector público o privado deban reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo para personas que posean alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente", sostuvo la senadora Adriana Muñoz.
Además, la legisladora destacó el ejemplo de la India al especificar la cobertura de los cupos. "Me parece notable que allá tengan tan especificada la proporcionalidad de la cuota en términos de tipos de discapacidad y respecto a multas y penas para quienes no respeten la ley. En este proyecto también se establece una multa de 50 UTM ($2.162.000 pesos chilenos) por cada trabajador que el empleador, en conformidad, debía contratar y se excluirá de las licitaciones a quienes hayan sido condenados por discriminación en temas de discapacidad. Estamos avanzando y creo que el ejemplo de la India nos puede servir cuando llegue el momento de revisar esta norma. Me parece muy destacable", agregó.
En tanto, la iniciativa originada en moción de la Cámara de Diputados también tiene por objeto favorecer la efectiva inclusión de los trabajadores que padecen algún grado de discapacidad en el mundo laboral (boletín 9394-13) obtuvo respaldo de todos los congresistas. En este caso el texto legal dispone incorporar la discapacidad como una de las causales que pueden generar actos discriminatorios, que alteren la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación y que las empresas, que cuenten con más de 50 trabajadores, deban contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 2% del total de quienes presten servicios en ella, a partir del 1° de enero del año subsiguiente al de publicación de este proyecto como ley.
Se estima que el 13% de la población chilena presenta alguna característica asociada a una discapacidad, siendo más frecuente en adultos que en niños. Las cifras también señalan que si bien un 25% de las personas en situación de discapacidad se encuentra en el rango entre los 30 y los 64 años, es decir, en edad laboralmente activa, solo el 30% accede a un trabajo remunerado, con todo el impacto negativo que esto supone psicológica y económicamente, tanto a nivel personal como familiar.
El proyecto correspondiente a la Cámara Alta -que se encuentra en segundo trámite constitucional y que es un refundido de los boletines 7025-31 y 7855-13- fue especialmente respaldado en Sala por los senadores Adriana Muñoz, Juan Pablo Letelier, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, Carolina Goic e Iván Moreira.
"En Chile tenemos una cultura muy resistente en el sentido de darnos cuenta del potencial de las personas que tiene algún tipo de discapacidad y la idea es que no tengamos que necesitar del dictamen de un tribunal, como ocurrió en India, para incluir laboralmente a quienes se encuentran en esta situación. Por esto en el Senado planteamos una reforma al Código del Trabajo para establecer que las unidades laborales del sector público o privado deban reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo para personas que posean alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente", sostuvo la senadora Adriana Muñoz.
Además, la legisladora destacó el ejemplo de la India al especificar la cobertura de los cupos. "Me parece notable que allá tengan tan especificada la proporcionalidad de la cuota en términos de tipos de discapacidad y respecto a multas y penas para quienes no respeten la ley. En este proyecto también se establece una multa de 50 UTM ($2.162.000 pesos chilenos) por cada trabajador que el empleador, en conformidad, debía contratar y se excluirá de las licitaciones a quienes hayan sido condenados por discriminación en temas de discapacidad. Estamos avanzando y creo que el ejemplo de la India nos puede servir cuando llegue el momento de revisar esta norma. Me parece muy destacable", agregó.
En tanto, la iniciativa originada en moción de la Cámara de Diputados también tiene por objeto favorecer la efectiva inclusión de los trabajadores que padecen algún grado de discapacidad en el mundo laboral (boletín 9394-13) obtuvo respaldo de todos los congresistas. En este caso el texto legal dispone incorporar la discapacidad como una de las causales que pueden generar actos discriminatorios, que alteren la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación y que las empresas, que cuenten con más de 50 trabajadores, deban contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 2% del total de quienes presten servicios en ella, a partir del 1° de enero del año subsiguiente al de publicación de este proyecto como ley.
Se estima que el 13% de la población chilena presenta alguna característica asociada a una discapacidad, siendo más frecuente en adultos que en niños. Las cifras también señalan que si bien un 25% de las personas en situación de discapacidad se encuentra en el rango entre los 30 y los 64 años, es decir, en edad laboralmente activa, solo el 30% accede a un trabajo remunerado, con todo el impacto negativo que esto supone psicológica y económicamente, tanto a nivel personal como familiar.
