Referendo para los "temas valóricos"

Varias políticas en materia de salud pública podrían implementarse ya no como consecuencia de mensajes presidenciales o mociones parlamentarias, sino que como resultado de votaciones en las que se consulte a la población, con efectos vinculantes para los legisladores, sobre temas tan diversos como el aborto y la legalización de drogas.

Por Boris Lopicich

||Autor Fotografía: wiki commons

Los más diversos mecanismos de democracia directa, descritos en notas anteriores, han sido propuestos en distintas regiones para otorgar una mayor participación ciudadana y formular decisiones vinculantes sobre temas que afectan a la ciudadanía. Dentro de los tópicos que se han discutido a través de referendos o consultas populares se encuentran varios de creciente interés bioético, como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y de la eutanasia, denominados como temas "valóricos" y que se refieren a cuestiones de la moral sexual, al comienzo y fin de la vida, y a inquietudes que responden a valores o principios más permanentes que la simple contingencia legal o normativa.

De los mecanismos para aumentar la participación ciudadana en la formación e implementación de nuevas leyes y políticas públicas, interesa en esta ocasión referirse a los referendos, los cuales han sido definidos como un tipo de "votación que pone el poder en manos de los ciudadanos" y que, en estricto rigor, corresponden a votaciones sobre temas específicos que no implican preferencia por un partido político ni por candidatos, sino más bien por rechazar o aceptar una propuesta concreta que, preferentemente, provenga de la voluntad ciudadana y no de la autoridad vigente.

El referendo como herramienta para implementar políticas en salud pública

Temas frecuentemente asociados a los referendos son las políticas que consultan a los ciudadanos sobre la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo, o bien, que intentan invalidar o modificar leyes dictadas en ese sentido. El caso uruguayo es un ejemplo concreto sobre esto.

En octubre del año 2012, fue aprobada la ley que permite la interrupción del embarazo y despenaliza el aborto en la totalidad del territorio uruguayo. La norma dispone que el embarazo podrá interrumpirse hasta la semana 12 de gestación en Centros de Salud estatales de manera gratuita, e incluso incorpora elementos de compañía de la mujer afectada, la cual cuenta con cinco días de reflexión junto a personal especializado, previo a tomar una decisión definitiva. Según establece el diputado uruguayo Iván Posada, del Partido Independiente, con esta medida al menos una quinta parte de las mujeres que en primer lugar solicitan un aborto desisten de éste. Incluso, ya a tres años de haberse implementado esta política pública las estadísticas muestran cómo el despenalizar el aborto ha sido fundamental para disminuir drásticamente el porcentaje de interrupción de embarazos, seǵun muestran varios artículos disponibles que se refieren a este hecho.

La ley, finalmente votada y aprobada en Uruguay el 17 de octubre de 2012 se enfrentó, apenas un mes luego de haberse promulgado, a un anuncio de los dirigentes del Partido Nacional (opositor al Gobierno del entonces presidente José Mujica), en el cual éstos señalaban su deseo de recolectar firmas con el fin de convocar a un referendo que derogase la despenalización del aborto. Lo que se pretendía, dentro de los márgenes y posibilidades de la institucionalidad uruguaya, era levantar una consulta popular sobre la convocatoria a referendo, para anular la ley. De todos modos, los altos porcentajes que requería esta consulta frenaron cualquier posibilidad de éxito: se requería que al menos sufragasen un 25% de los votos habilitados por el padrón electoral, pero el apoyo a dicha iniciativa alcanzó un escueto 8,87%.

De todas maneras, la experiencia del caso uruguayo muestra cómo la voluntad popular, mediante referendos, plebiscitos o consultas, podría estar habilitada para anular políticas públicas implementadas con anterioridad. El problema aquí se sitúa en la información disponible previo a tomar la decisión: se infiere que las agencias o ministerios que implementan una política han tenido a la vista acabados estudios y han estudiado el tema desde su factibilidad política, técnica y socio-económica, cuestión que generalmente tiende a ocurrir en menor medida en el caso de los votantes.

Otro caso emblemático que legaliza una política en salud pública mediante un referendo, es la experiencia estadounidense. En 1994, Oregon fue el primer estado que legalizó la eutanasia a través de este mecanismo, con un 51% de aprobación, y aunque la ley fue declarada inconstitucional en 1995, una segunda consulta en 1997 fue aprobada de manera definitiva hasta el día de hoy, con sobre 60% de los sufragios válidamente emitidos.

"Nadie convoca un referendo para perderlo"

Entre los aspectos negativos de los referendos, sin dudas, está la manipulación que puedan hacer de "la pregunta" o enunciado a responder en el sufragio quienes convocan al referendo. Por esto, es importante que la herramienta del referendo no sea utilizada por el cuerpo gobernante o de quien posee la coacción estatal, sino más bien que se trate de una política impulsada desde abajo (la ciudadanía) hacia arriba (las cúpulas estatales). El clásico aforismo de que nadie convoca referendos para perderlos, da cuenta de esta posible asimetría y manifiesta que hay que poner atención a una serie de factores previo a convocar a un referendo de carácter vinculante.

En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ha sido enfática en señalar que "los derechos de las minorías que surgen de reivindicaciones contra-mayoritarias no pueden ser sometidos a un proceso de referéndum donde se imponen las mayorías”, o en otras palabras, que no corresponde someter a referendo asuntos que afectarán a minorías ya que en estos casos serán las mayorías quienes decidan.

Este razonamiento fue especialmente invocado por la Corte al referirse a (y denegar) la posibilidad de decretar el matrimonio igualitario, en diciembre del año 2010. La Sala acogió varios recursos de amparo en contra de las solicitudes de realización del referendo, provenientes en su mayoría desde la Iglesia Católica y grupos evangélicos coordinados por el Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, las cuales reunieron más de 150.000 firmas apoyando la petición.

Además de estimar que limitaciones normativas impiden someter a consulta los DDHH contenidos en Convenios de Derecho Internacional Público -lo cual es una postura jurídica interesante a analizar-, la Sala contempló que "las personas que tienen relaciones con una del mismo sexo son un grupo en desventaja y objeto de discriminación que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales o infraconstitucionales. En resumen (..) someter al dictamen de una mayoría derechos de una minoría profundiza y agrava las discriminaciones en su contra”, en una decisión que fue celebrada por las organizaciones pro derechos homosexuales.

La experiencias relatadas en este artículo muestran, indudablemente, la cautela que debe tenerse al momento de legislar e implementar políticas públicas mediante referendos o consultas vinculantes, pues los más variados principios bioéticos pueden verse afectados: la posibilidad de acceso a las atenciones médicas (que podría afectar el principio de justicia), la autonomía de determinados grupos minoritarios y la no-maleficiencia en plano biomédico, dependiendo del asunto en disputa. Así, el referendo podría ser una valiosa herramienta para profundizar la participación ciudadana cuando estos obstáculos sean bien planteados y suficientemente estudiados.

 

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