Políticas basadas en la evidencia. La paradoja de la evidencia científica

por Rafael Torres M. M.Sc. UCLA, Analista Biblioteca del Congreso Nacional, Chile.

Políticas basadas en la evidencia. La paradoja de la evidencia científica

El uso de la evidencia para la elaboración de políticas públicas no es un concepto nuevo. Lo que es nuevo, sin embargo, es la creciente importancia que el concepto ha tenido desde la última década del siglo pasado. Desde entonces, ha pasado a representar la voluntad -de los gobiernos que la adoptan- de reemplazar las políticas ideológicamente sustentadas, por políticas basadas en la toma racional de decisiones. El desarrollo de la Política Basada en la Evidencia (PBE) ha pasado a ser, en la actualidad, el foco de gobiernos, centros de investigación y centros de pensamientos (think-tanks).
La PBE, según los autores Sophie Sutcliffe y Julius Court, es un discurso o conjunto de métodos para informar al proceso de desarrollo de políticas, más que a tratar de afectar los eventuales objetivos de las políticas. Aboga por un enfoque más racional, riguroso y sistemático. Los objetivos de la PBE se basan sobre la premisa que todas las decisiones relativas al desarrollo de políticas deben ser informadas por la evidencia disponible y deben incluir un análisis racional de dicha evidencia. Esto, porque se ha visto que las políticas basadas en evidencia sistemática producen mejores resultados. Este enfoque también ha incorporado las prácticas basadas en la evidencia.
Sin embargo, a pesar de la idea de certeza asociada al concepto de “evidencia científica”, ésta no está exenta de incertezas y controversias. Una de las más recientes ha sido la relativa a los efectos cancerígenos que un conocido pesticida vegetal, ampliamente utilizado por la industria agrícola –el glifosato- pueda tener sobre el ser humano.
En efecto -durante el año en curso- la Organización Mundial de la Salud OMS), organismo de las Naciones Unidas anunció que el glifosato es “probablemente cancerígeno para el ser humano”. En tanto que, hace unos pocos días, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA, por su nombre en inglés), declaró que es “poco probable que el glifosato –al menos en su forma pura- aumente el riesgo de cáncer”. Dos juicios divergentes (aunque no mutuamente excluyentes)  emitidos por prestigiosas agencias internacionales. ¿Por qué las conclusiones divergentes?

I. La evaluación de la OMS/IARC

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), sita en Lyon, Francia, es la agencia de la OMS encargada de la investigación sobre el cáncer. La IARC realiza constantes estudios y revisiones sobre la carcinogenicidad de agentes químicos industriales, alimentos y aún oficios o profesiones.  Este año, en el Volumen 112 de IARC Monographs, la Agencia publicó in extenso su estudio de 92 páginas sobre el glifosato que condujo a su actual clasificación: “el glifosato es probablemente carcinogénico para el ser humano (Grupo 2A)”. Este informe se basó sobre múltiples líneas de evidencia: tumores al páncreas, riñones y otros tumores en animales experimentales tratados con glifosato; estudios epidemiológicos que evidencian mayores tasas de incidencia de cáncer en granjeros usuarios de glifosato e investigación que evidencia los daños al ADN y cromosomas, uno de los mecanismos que conducen al desarrollo de cáncer.
Por otra parte, el 20 de marzo de 2015, un panel de expertos internacionales convocado por la Agencia informó los resultados de la revisión de cinco agentes químicos usados en la agricultura, de una clase conocida como órganofosfatos. Dos de los pesticidas –tetraclorovinfos y paratión- fueron clasificados como “posiblemente carcinogénicos para los seres humanos” o categoría 2B, y los tres restantes –malatión, diazinón y glifosato- fueron clasificados como “probablemente carcinogénicos para los seres humanos”, o categoría 2A, que corresponde a un nivel de riesgo superior al 2B.

II. El Glifosato

La evaluación realizada por la IARC es de especial importancia para Monsanto, empresa multinacional que produce el herbicida Roundup desarrollado en la década de los años 70, cuyo agente activo es el glifosato y registra ventas mundiales estimadas del orden de 6 mil millones de dólares (estadounidenses) al año. En la actualidad, más del 80% de las plantaciones de organismos genéticamente modificados (GM) portan los genes que les confieren inmunidad al glifosato introducidos en su ADN por Monsanto. La compañía ha expresado su desacuerdo con el informe de la IARC.

III. Evaluaciones de la Environmental Protection Agency (EPA) de EE.UU. y la Unión Europea (UE)

En 1985, la EPA clasificó el glifosato como un posible carcinógeno, basándose en experimentos que mostraban desarrollo de tumores en roedores tratados con glifosato. Datos entregados por Monsanto, la compañía productora de Roundup, herbicida basado en el glifosato, indujeron a la EPA a reclasificarlo como material no-carcinogénico en 1991. La EPA está actualmente reevaluando el glifosato y ha declarado que considerará los resultados de la IARC.

IV. Comentarios

Sin duda, el uso de estudios no publicados introduce un elemento de incerteza en las conclusiones alcanzadas por la EFSA, dado que no hay certeza de que hayan sido sometidos al mismo escrutinio de pares que los trabajos utilizados por la IARC. Pero más allá de la legitimidad otorgada por la publicación, hay una condición elemental que no ha sido satisfecha, esto es que: si dos o más equipos de trabajo desean realizar análisis cuyos resultados sean legítimamente comparables, deben trabajar sobre el mismo conjunto de datos, previo acuerdo de las partes sobre las condiciones de legitimidad que deben satisfacer los trabajos seleccionados para ser incluidos en sus análisis.
Los resultados de un estudio son, en general, críticamente dependientes de la modelación de la fenomenología estudiada; de los protocolos experimentales, de los protocolos de recolección de datos, del análisis de los datos y de los particulares sesgos de quienes elaboran las conclusiones. Esto, realizado sobre un conjunto común de datos, aporta un criterio de homogeneidad a los análisis; otorga una estructura conceptual basal común para la discusión y facilita la elaboración de conclusiones legitimadas por la comunidad involucrada, independiente de sus respectivos mandantes.
Es pertinente entonces, concluir que la evidencia no se autolegitima como una herramienta que per se garantiza la calidad de las políticas públicas. Es evidente que aún en el dominio científico es posible encontrar cuerpos de evidencia contradictorios, de los que se derivan políticas públicas divergentes. Por otra parte, la evidencia per se –por dura que sea- si bien necesaria, no es suficiente y debe ser complementada con aportes multidisciplinarios (incluidas las llamadas disciplinas “blandas”) para la elaboración de políticas públicas que sean capaces de responder adaptativamente a la infinita variación de los fenómenos sociales.

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