Telefonía fija pública de pago en Francia: crónica de una muerte anunciada

Telefonía fija pública de pago en Francia: crónica de una muerte anunciada


¿Qué está pasando con las cabinas y los teléfonos públicos de pago de las ciudades y zonas rurales de Francia? 



Desde mediados de los noventa, se observa un uso cada día más reducido de las cabinas telefónicas, dado el desarrollo y expansión de la telefonía móvil y la masificación de los celulares. Por otra parte, el mantenimiento de las cabinas telefónicas en lugares públicos es cada día más oneroso debido a los actos de vandalismo de que son objeto. Se estima que el costo anual de mantenimiento de la totalidad del parque de teléfonos públicos es cercano a los 13,6 millones de euros. Desde hace unos cuatro años, la telefonía pública de pago dejó de ser un negocio rentable[1], aun recurriendo a la publicidad como fuente adicional de ingresos, y –en la actualidad- ningún operador está interesado en estar a cargo de brindar y garantizar este servicio.

Sin embargo, la legislación francesa contempla -en el marco del servicio universal de las comunicaciones electrónicas- la existencia obligatoria de una cabina telefónica por comuna y de una segunda cabina para las comunas de más de 1000 habitantes, y la normativa comunitaria europea establece que “los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación puedan imponer obligaciones a las empresas a objeto de garantizar que la oferta de teléfonos públicos de pago, u otros puntos de acceso público a la telefonía vocal, satisfaga las necesidades razonables de los usuarios finales, tanto en cobertura geográfica como en número de aparatos. Asimismo, debe garantizarse la calidad de los servicios y la accesibilidad de estos teléfonos para los usuarios con discapacidad”. También otorga a las autoridades la opción de no imponer por reglamento estas obligaciones, “en la totalidad o en parte de su territorio, en caso de que les conste que estas facilidades o servicios comparables están ampliamente disponibles”.

A contar del año 2013, la sociedad Orange (ex France-Telecom), operador histórico -por mandato- a cargo de la red de telefonía pública de paga, inició una operación de desmantelamiento de cabinas telefónicas. Es notoria, a simple vista, la supresión de muchas de estas cabinas en las grandes urbes. Se estima que, a fines del 2015,  el número total de cabinas telefónicas públicas de pago en estado de funcionamiento se aproximaba a 39.000, poco más del 16% de las existencias (241.000) a fines del año 1998, año con nivel máximo histórico de cabinas operativas.

También a fines de 2015, el 6 de agosto, se aprobó y publicó la Ley nº 2015-990[2] a favor del crecimiento, de la actividad y de la igualdad de oportunidades económicas; ley llamada comúnmente “Ley Macron”, que contempla excluir los teléfonos públicos del servicio universal de las comunicaciones electrónicas y ponerle fin a esta obligación de servicio a cargo de la sociedad Orange.

La Autoridad de Regulación de Comunicaciones Electrónicas y de servicios Postales de Francia, ARCEP[3], ente regulador que está a cargo -entre muchas otras funciones- de controlar y fiscalizar el buen cumplimiento del servicio universal en materia de comunicaciones electrónicas por parte de los operadores, estuvo de acuerdo –al igual que el gobierno- con que se retirara el componente de la telefonía pública de pago del ámbito del servicio universal garantizado a cambio de una generalización, o por lo menos de mayor cobertura de la telefonía móvil, en las zonas rurales o geográficamente aisladas y/o las comunas menos pobladas del territorio metropolitano de Francia con baja cobertura de telefonía móvil (territorios y comunas denominadas “zonas blancas”). En mayo de 2015, los cuatro operadores de la telefonía móvil, -Orange, SFR, Bouygues y Free- firmaron un acuerdo donde se comprometían a terminar con las zonas blancas (estimadas en más de 2.400 comunas) hacia fines de 2016 mediante una cobertura total en 2G (-sistema móvil de segunda generación (GSM)- en una primera etapa, y luego en 3G -sistema móvil de tercera generación (UMTS)- para mediados de 2017.

Sin embargo, pareciera que la dispersión y reducción del número de cabinas telefónicas no ha sido acompañada por una extensión en la amplitud acordada de la cobertura móvil, como tampoco en los tiempos comprometidos. Más aún, se sabe de comunas rurales donde las cabinas telefónicas fueron retiradas antes de iniciar la instalación de una red de telefonía móvil. Así lo afirman muchos alcaldes en representación de sus administrados y también parlamentarios, a la luz de la realidad observada en sus respectivos distritos. Además, la desaparición total de las cabinas telefónicas podría, en cierto modo, atentar contra la seguridad, dado que se daría de baja una red capaz de mantenerse funcionando en caso de corte eléctrico.

Y -tal como lo señala una periodista de Acteurs publics- la historia no finaliza con la desaparición de las cabinas telefónicas, sino que Orange ya anunció para el 2021 el inicio del fin de los teléfonos fijos.

Teléfono público en Santiago de Chile

 

FUENTES Y DOCUMENTOS CONSULTADOS:

 

Los sitios Web de la legislación francesa, LégiFrance – Le service public de la diffusion du droit, de la normativa legal comunitaria de la Unión Europea, EUR-Lex - El acceso al Derecho de la Unión Europea, de los principales diarios digitales de la prensa nacional de Francia, del medio de comunicación francés especialista en el análisis de las políticas públicas, Acteurs publics, y además el sitio de noticias High-tech, Next INpact, del Senado francés, del Ministerio de Economía, de la ARCEP, la Autoridad de Regulación de Comunicaciones Electrónicas y de servicios Postales de Francia y de la sociedad Orange, uno de los principales operadores del sector de las comunicaciones electrónicas.

 

Textos Legales de Referencia

Véase: Partie législative > LIVRE II: Les communications électroniques > TITRE Ier: Dispositions générales > Chapitre III: Les obligations de service public: Art. L. 35 a L. 35-6 y Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE Ier : Dispositions générales > Chapitre III : Les obligations de service public : Section 1: Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel (Art. R. 20-30 a R20-30-13) - Section 2: Financement du service universel des communications électroniques (Art. R20-31 à R20-44).

 

Transposición de Directivas Europeas (Directivas de 2009 y de 2002)

  • Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (les articles concernant les communications électroniques sont les numéros 17 à 21 ) (JO du 23 mars 2011).
  • Ordonnance no 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques (JO du 26 août 2011).
  • Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle (JO du 10 juillet 2004)


Textos Comunitarios Europeos de Referencia

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo forma parte del paquete de reformas de las telecomunicaciones en la UE, que contiene otras cuatro directivas adoptadas también el 7 de marzo de 2002 y a transponer a la legislación nacional de cada país miembro de la UE el 24 de julio de 2003 (la «Directiva marco», la «Directiva de acceso», la «Directiva de autorización» y la «Directiva de intimidad y comunicaciones electrónicas»), así como el Reglamento por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).

  • Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (Diario Oficial DO nº L 108 de 24.04.2002, pp. 51-77). 

Véase en particular los Art. 6 y 33 del texto consolidado de la Directiva es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones.  

  • Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (DO L 337 de 18.12.2009, pp. 11-36). 
  • Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas («Directiva marco»). 


Las síntesis de la legislación de la UE (que informan de los aspectos principales de la legislación, las políticas y las actividades europeas de manera clara, sencilla y concisa):

 Para obtener más información, véase el sitio Web de la Comisión Europea, así como el sitio Web «Tu Europa».

 

Selección de documentos, notas y artículos

  1. FRANCIA. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP). Grands dossiers: Le service universel des télécommunications (Dernière mise à jour le 13 novembre 2015).  
  2. FRANCIA. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES ARCEP (24 Junio de 2015). Rapport public d'activité de l'ARCEP 2014.  
  3. FRANCIA. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES ARCEP (Junio de 2014). Suplemento del informe público edición 2013/2014: Presentación, cifras clave y grandes áreas de actuación.  
  4. FRANCIA. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES ARCEP (2 julio de 2007). Informe público de actividad 2006.  
  5. FRANCIA. SÉNAT. Suppression des cabines téléphoniques: Question écrite n° 18536 de M. Roland Courteau (Sénateur socialiste et républicain de l´Aude) posée au Ministère de l´Economie, de l´Industrie et du Numérique (publiée dans le JO Sénat du 29/10/2015, page 2530) + Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique (publiée dans le JO Sénat du 03/03/2016, page 849).
  6. Nextinpact.com. Berne, Xavier (08/03/2016). Pas de démantèlement de cabines téléphoniques sans couverture mobile.
  7. Acteurs public. Le Nevé, Soazig (09/03/2016). Cabines téléphoniques : une coupure de ligne qui passe mal dans les communes rurales.
  8. CAMANI, Pierre (Sénateur du Lot-et-Garonne); VERDIER, Fabrice (Député du Gard). Rapport parlementaire : Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages technologiques : enjeux et perspectives d'évolution (Remis le vendredi 17 octobre 2014 à Madame la Secrétaire d'Etat au Numérique, Axelle LEMAIRE)
 

 



[1] Véase artículo titulado "Le publiphone, une espèce en voie de disparition", publicado el 15 de febrero de 2014 en el diario nacional Le Monde, que se refiere a dichos de la directora a cargo de la telefonía pública de pago, de la sociedad y operador Orange, Lorraine Lépine, respecto a la rentabilidad de esta actividad y en la que señaló: « Cela fait environ deux ans que cette activité n'est plus rentable ».

[2] Véase, además del texto consolidado de la ley disponible en LégiFrance, el dossier legislativo completo de la tramitación de esta ley en el portal Web de la Asamblea Nacional de Francia. 

[3] La ARCEP, autoridad reguladora de las comunicaciones electrónicas y postales en Francia, fue creada por la Ley de 26 de julio de 1996 para acompañar a la apertura a la competencia del sector y para velar por la prestación y financiación del servicio universal de telecomunicaciones. Es un ente perteneciente a la Administración de Estado, independiente del Gobierno y de los agentes económicos a los que regula. Su independencia del Gobierno resulta, de una parte, de la normativa comunitaria y, de otra parte, de la necesidad de distinguir, en el seno del Estado, las funciones de accionista o tutor de empresas parcial o totalmente públicas (Orange, La Poste), que son de la incumbencia del Gobierno, y las de regulador neutral respecto al conjunto de operadores. La Autoridad es asimismo miembro activo del órgano de los reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (ORECE).